Seguridad alimentaria: el desafío que comienza en el campo y se agrava con el desperdicio

La seguridad alimentaria, entendida como el acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para todas las personas en todo momento, se ha convertido en uno de los desafíos más urgentes del desarrollo sostenible. De hecho, es el segundo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU: “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

Sin embargo, esta meta se ve amenazada por una paradoja estructural: la enorme cantidad de alimentos que se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena de producción. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se desperdician cada año cerca de 931 millones de toneladas de alimentos a nivel mundial. Esto no solo afecta el acceso de millones de personas a una alimentación digna, sino que también implica un uso ineficiente de recursos naturales como agua, suelo y energía.

En Chile, más de tres millones de personas viven actualmente con inseguridad alimentaria moderada o grave, según cifras de FAO presentadas por su representante en el país, Eve Crowley. Para enfrentar este problema, el Ministerio de Agricultura ha impulsado diversas estrategias que apuntan a fortalecer el sistema alimentario desde su base productiva.

El desperdicio: un eslabón débil en la cadena de seguridad alimentaria

Uno de los cinco pilares del Reto Hambre Cero de la ONU, lanzado en la Cumbre Río+20, es “acabar con las pérdidas o el desperdicio de alimentos”. Esta meta es clave, ya que cada alimento perdido representa una oportunidad desaprovechada para combatir el hambre, además de un daño ambiental y económico considerable.

La FAO estima que hasta un tercio de los alimentos producidos a nivel global se pierde o desperdicia. Gran parte de estas pérdidas ocurre en las etapas iniciales del sistema agroalimentario: producción, cosecha, almacenamiento y transporte. Esta situación revela que el problema no solo está en el consumo final, sino también en las fallas estructurales del sistema de producción y distribución. Reducir estas pérdidas desde el origen es clave para avanzar hacia sistemas alimentarios más eficientes y sostenibles.

En respuesta, las políticas públicas en Chile han comenzado a incorporar este enfoque. Un ejemplo es la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria (ENSSA), impulsada por el Ministerio de Agricultura. Sobre ella, el ministro Esteban Valenzuela señaló: “Esta estrategia viene a reafirmar el compromiso del Estado con un sistema alimentario justo, resiliente y sostenible que pone en el centro a las personas, y especialmente a quienes producen, distribuyen y garantizan el alimento día a día”.

Durante el balance público de la estrategia en 2025, la directora de Odepa, Andrea García, afirmó: “Estamos llegando con alimentos más sanos, más nutritivos a las distintas personas. Esto a través del fortalecimiento de los canales de comercialización, de los mercados solidarios y de los distintos instrumentos con que cuenta el Estado para poder garantizar el derecho humano a la alimentación”.

La ENSSA contempla 84 medidas implementadas por ocho ministerios, orientadas a fortalecer la producción nacional, facilitar el acceso al riego, promover prácticas agroecológicas sostenibles y proteger rubros clave como la apicultura.

En la misma línea, el programa Chile Alimenta el Futuro, desarrollado por el Ministerio de Agricultura junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla una inversión de US$50 millones destinada a modernizar el sector agropecuario nacional. Entre sus objetivos se encuentra el fortalecimiento de la agricultura familiar e indígena, así como la mejora de los servicios públicos del agro.

Uno de sus focos más estratégicos es el fortalecimiento del patrimonio fito y zoosanitario del país, a través de una inversión de $2.300 millones de pesos en 2025 para reforzar la capacidad del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Esto incluye la creación de una nueva Unidad de Inteligencia en Bioseguridad Fitozoosanitaria, que permitirá anticiparse a emergencias mediante el análisis estratégico de información, evitando así el ingreso de plagas y enfermedades que amenacen la producción agrícola. 

Además, se trabajará en mejorar la capacidad diagnóstica y la bioseguridad de la red de laboratorios del SAG, lo que permitirá reducir los tiempos de respuesta y aumentar la precisión de los análisis que sustentan la vigilancia sanitaria nacional. Estas acciones son fundamentales para garantizar la disponibilidad de alimentos seguros y proteger el sistema alimentario chileno frente a amenazas sanitarias emergentes.

Como explicó el jefe de Operaciones del BID, Fernando Cuenin: “Más allá de lo financiero, nuestro aporte viene por el lado de ayudar a pensar cuál es la mejor manera de hacer las cosas para lograr el impacto que el país está buscando”.

Un llamado urgente desde el agro

El vínculo entre el agro y la seguridad alimentaria es ineludible, pero para ser efectivo, debe incorporar la reducción de pérdidas en origen. La agricultura familiar campesina, que representa el 73% de las unidades productivas del país según el Gobierno de Chile, enfrenta mayores barreras para acceder a tecnología, financiamiento y asistencia técnica, lo que limita su capacidad de respuesta frente a crisis como el cambio climático o los incendios forestales.

Para avanzar, se requiere una visión integrada que combine políticas públicas, innovación tecnológica, extensión rural, sistemas de comercialización directa y, sobre todo, una valorización del alimento como bien social.

El campo chileno ya ha dado pasos concretos, pero el desafío del desperdicio alimentario exige nuevos enfoques, y eso solo será posible si cada alimento que se produce encuentra su camino a una mesa.