El Estado chileno busca anticiparse al riesgo climático en el agro

Los eventos climáticos extremos dejaron de ser una excepción para la agricultura chilena. Desde 2010, Chile central acumula un déficit de precipitaciones de entre 25% y 30% respecto del promedio histórico, según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile. A comienzos de 2022, 263 comunas de 11 regiones se encontraban en emergencia agrícola por déficit hídrico.

Frente a ese escenario, la institucionalidad pública ha comenzado a ordenar su acción en torno a una idea central: anticiparse.

“Desde la prevención, lo fundamental es anticiparnos a los eventos y no esperar a que ocurra la emergencia para actuar”, plantea Óscar Bustamante, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres Agrícolas (UGRA) del Ministerio de Agricultura.

La UGRA, explica Bustamante, “es la unidad del Ministerio de Agricultura que trabaja para anticipar y reducir los riesgos que pueden afectar al sector silvoagropecuario”. Su trabajo se concentra en monitorear amenazas climáticas y productivas, generar y poner a disposición información agroclimática para la toma de decisiones, fortalecer la preparación y prevención de agricultores y equipos técnicos, y coordinar la respuesta ante emergencias.

Ese enfoque tiene hoy un respaldo normativo. La Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455), publicada en junio de 2022, mandató al Ministerio de Agricultura a elaborar un Plan Sectorial de Adaptación. El plan para el periodo 2024-2028 fue aprobado por decreto en julio de 2024, Contraloría tomó razón en noviembre de 2025 y fue publicado en el Diario Oficial el 11 de diciembre de ese año.

El instrumento contempla 12 medidas y 63 acciones organizadas en cinco dimensiones: recursos hídricos, manejos técnico-productivos y tecnologías, información y gestión de riesgos, infraestructura y equipamiento, y ecosistemas naturales. Una de sus medidas apunta específicamente a extender y optimizar los sistemas de información y gestión de riesgos agrometeorológicos.

El propio plan dimensiona lo que está en juego. Estima un costo promedio anual de implementación de 89 millones de dólares, equivalente al 0,035% del PIB, mientras que los beneficios económicos que se dejarían de capturar sin adaptación rondarían los 1.000 millones de dólares al año 2050. Como referencia, el gasto público en emergencias agrícolas entre 2008 y 2017 alcanzó los 160 millones de dólares, siendo la sequía la respuesta más costosa.

A ese marco se suma la Ley 21.364, que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Bajo esa norma, el Plan Sectorial para la Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Agricultura fue aprobado por unanimidad por el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en diciembre de 2025 y publicado en el Diario Oficial el 17 de marzo de 2026. Es vinculante para los organismos del sector y deberá revisarse en un plazo no superior a cinco años.

En la práctica, para Bustamante prevenir “significa contar con información climática oportuna, identificar las amenazas y vulnerabilidades de cada territorio y, a partir de ello, tomar medidas concretas: proteger cultivos e infraestructura, asegurar agua y alimentación para los animales, preparar los predios frente a incendios y ajustar las labores productivas de acuerdo con las condiciones esperadas”.

Y agrega: “También es clave fortalecer las capacidades de agricultores y equipos técnicos para interpretar esta información y tomar decisiones oportunas”.

En esa línea, en julio de 2026, ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño de alta intensidad, el ministerio impulsó a través de la UGRA el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo Agropecuario. Se trata de una plataforma nacional que integra información oficial, indicadores técnicos y análisis territoriales, y que entrega alertas tempranas, pronósticos, mapas y reportes por ubicación geográfica. En paralelo, se difundió un protocolo de gestión del riesgo específico para El Niño.

La articulación con la ciencia también forma parte de la estrategia. En octubre de 2025, la UGRA firmó un convenio con el CR2 que contempla cursos, actividades de difusión técnica y la elaboración de un Panorama Agroclimático Estacional para la temporada primavera-verano 2025-2026.

Desde el fomento productivo, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo observa un sector que ya se está moviendo.

“Fenómenos habituales, como las heladas de primavera, las lluvias estivales o la escasez de agua, pueden verse intensificados por los cambios en los patrones climáticos”, señala Sebastián Carvallo Albornoz, director ejecutivo (s) de la agencia.

Según Carvallo, algunos cultivos se han desplazado hacia el sur, como los viñedos que hoy se encuentran en Chiloé, “algo impensable hace algunas décadas”. A ello se suma la incorporación de variedades y semillas mejor adaptadas a la sequía y a temperaturas más altas, y el ajuste de los periodos de siembra frente a cambios que se han vuelto más permanentes, como el adelanto de la primavera y una floración más temprana.

“Estos procesos de adaptación deben complementarse con una mayor eficiencia en el uso del agua y los fertilizantes, mejoras en la infraestructura de riego y la incorporación de prácticas regenerativas, entre otras medidas que contribuyan a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario”, afirma.

La agencia trabaja junto al sector privado para elevar sus estándares de sustentabilidad. Entre las soluciones que impulsa, Carvallo menciona el aprovechamiento de residuos orgánicos como fertilizantes, la reducción de pérdidas de alimentos a lo largo de la cadena productiva, la eficiencia hídrica mediante Estrategias Hídricas Locales, las soluciones basadas en la naturaleza para la gestión de la biodiversidad y la productividad agropecuaria, y la mejora de las condiciones de crianza animal.

Las Estrategias Hídricas Locales, que la agencia ejecuta junto al Gobierno de Santiago, ya están presentes en 30 comunas de la Región Metropolitana. En enero de 2026 el programa sumó otras 17, con el objetivo de que todas las comunas de la región cuenten con este instrumento.

Para el jefe de la UGRA, la conclusión es clara: “La experiencia nos demuestra que invertir en prevención y preparación permite reducir significativamente las pérdidas y fortalecer la resiliencia de la agricultura frente a un clima que está cambiando”.