Impacto global de las regulaciones europeas sobre países exportadores

Por Raúl Pizarro Sciaraffia | Ing. Agrónomo | Asesor Regulatorio Agrícola

La política restrictiva de uso de plaguicidas de la Unión Europea (UE), basada en el principio de precaución y de “candidatos de sustitución”, está influyendo también en sus socios comerciales. Este impacto, aunque promueve un ideal de sustentabilidad, está afectando seriamente a productores europeos y a los de regiones como América Latina.

• A raíz de protestas masivas y por el rechazo del Parlamento Europeo, el reglamento SUR fue retirado en octubre de 2023.

• Adicionalmente, en febrero de 2025, se confirmó que la meta de reducción del 50 % ya no está en agenda inmediata de la UE, el foco actual está sobre la reciprocidad comercial e innovación.

1. Rechazos y barreras técnicas al comercio

Europa aplica límites máximos de residuos (LMR) más estrictos que el Codex Alimentarius para muchas materias activas. También lo hacen las cadenas de supermercados europeas más conservadoras, que establecen sus propias limitaciones por sobre las gubernamentales. Esto último carece de toda lógica científica y más bien busca una diferenciación comercial, que afecta exportaciones agrícolas clave:

• Uvas de mesa de Chile, soya y cítricos de Brasil, banano ecuatoriano, café colombiano, entre otros cultivos, han tenido alertas por residuos no permitidos en la UE.

• En 2022, el RASF (Sistema de alertas rápidas para alimentos y piensos de la UE) reportó más de 200 alertas de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas importadas. La mayor parte provinieron de Latino América, India y Turquía.

• La prohibición de ingredientes activos como carbendazim y mancozeb, así como la “No Renovación” de varios otros, ha llevado a modificaciones inmediatas en protocolos de producción para agricultores enfocados en la exportación.

2. Costos de adaptación

La adaptación permanente a los requerimientos de la UE hace necesario reconstruir programas de manejo fitosanitario, que muchas veces no alcanzan los mismos niveles de eficacia. También a modificar tecnologías y procesos, sin que existan opciones con el mismo nivel de efectividad y adoptar certificaciones voluntarias (GLOBAL G.A.P., GRASP, Rainforest Alliance) como necesidades fundamentales para poder exportar. Según el BID y USDA, se estima que estos ajustes aumentan en promedio, entre 10–20 % de los costos operativos de los agricultores latinoamericanos.

3. ¿Protección ambiental o proteccionismo encubierto?

Aunque la motivación europea por la salud y el medioambiente es legítima, se indica que algunas de sus normas:

• No siempre tienen base en evaluación de riesgo (como en EE. UU. o Codex), sino en evaluación de peligro, lo que sobre castiga ingredientes activos que son seguros, si son utilizados con la precaución necesaria y respetando las recomendaciones de etiqueta.

• Producen diferencias competitivas, pues con la argumentación de una protección de la salud pública, la UE impone normas muy exigentes, lo cual se transforma en una suerte de proteccionismo técnico, dificultando su propia producción y la exportación desde países que no tienen las mismas posibilidades de adecuación técnica ni regulatoria.

¿Qué opciones tenemos los países Latino Americanos?

• La UE es un mercado premium, pero no debe ser el único foco, pues si se establece como base puede haber un impacto técnico de altísimo costo para los países emergentes. Un ejemplo actual está promovido por los requisitos de algunos supermercados de Europa, que por la búsqueda de minimizar la cantidad de moléculas en el residuo final, obliga a que el productor haga un sobre uso de otras, con el posible desarrollo de resistencia de plagas y enfermedades. Para evitar este absurdo técnico, debe buscarse el fortalecimiento del comercio con mercados con exigencias basadas en la ciencia, como Asia, América del Norte y los países vecinos.

• Se debe continuar con la incorporación del manejo integrado de plagas (MIP) como base para establecer programas fitosanitarios eficientes. De esa manera, aprovechar la oportunidad de diferenciarse por sustentabilidad. Exportar con certificaciones verdes puede ser un camino competitivo en algunos casos, pero requiere inversión permanente para poder mantenerse.

• Promover la adopción paulatina y racional de bioinsumos, trampas, feromonas, extractos vegetales, etc. Pero al mismo tiempo, evitar eliminar herramientas o imponer restricciones sin alternativas inmediatamente disponibles.

4. Fortalecimiento de las directrices y adaptación internacional

• Las agencias reguladoras de plaguicidas (como el SAG en Chile, SENASA en Perú, ICA en Colombia) deben adaptarse y modernizarse, para permitir una evaluación técnica de calidad, pero a la vez rápida y eficiente de las nuevas tecnologías, especialmente biológicas. Adicionalmente, debemos transitar hacia regulaciones que tengan armonía con Codex, evitando estándares más livianos que limiten la competitividad internacional.

• A nivel de las autoridades, desarrollar y promover políticas públicas que permitan la validación y uso de tecnologías de bajo impacto, pero manteniendo la competitividad. Un ejemplo de ello es un desarrollo racional de las regulaciones de cambios de LMR. Esto debe realizarse con transparencia y plazos razonables, que permitan la adaptación paulatina de los diferentes actores del sistema, especialmente de los agricultores.

América Latina y sus países deben trabajar en bloque en los diferentes foros internacionales (OMC, Codex, IPPC) con el fin de promover y defender activamente el enfoque científico basado en la evaluación de riesgo y no la de barreras arbitrarias y unilaterales. Nuestros países deben mantener el comercio internacional de sus productos, pero esto no debe implicar un sacrificio técnico que sea irreversible. Debemos invertir en ciencia y regulaciones eficientes que nos permitan un balance técnico y comercial.

Raúl Pizarro Sciaraffia, Ingeniero Agrónomo, Asesor Regulatorio Agrícola

Contacto: [email protected]/[email protected]