La legislación relacionada con el agua en Chile se ha basado desde 1981 en el Código de Aguas, un marco normativo que ha delineado los hitos y actores fundamentales en la gestión de los recursos hídricos del país. Este Código formalizó la importancia de los Derechos de Agua, la función de la Dirección General de Agua y la necesidad de evaluar proyectos de modificación de cauces.
En el año 2022, el Código de Aguas experimentó una transformación significativa al establecer, por primera vez, la priorización del consumo humano sobre otros usos, como el agrícola, industrial y minero. Esta modificación se considera lógica y necesaria, permitiendo la reasignación de caudales para satisfacer las necesidades humanas durante episodios críticos de sequía. Aunque esta medida es positiva, en la práctica surgen desafíos relacionados con la priorización, especialmente en lo que respecta a empresas sanitarias, ya que se podría recibir como un incentivo para que estas empresas retrasen inversiones clave, anticipando ser beneficiadas por la priorización en casos extremos, afectando a otros usuarios.
Otra modificación destacada en el nuevo Código de Aguas es la posibilidad de extinguir Derechos de Agua por falta de uso efectivo y el refuerzo de patentes por no utilización. Inicialmente, la legislación permitía la entrega a perpetuidad de Derechos de Agua con una simple solicitud a la autoridad, sin contemplar el cobro de patentes por no uso. Esto condujo a una especulación significativa sobre las aguas chilenas, con actores buscando masivamente Derechos de Agua para luego venderlos a quienes realmente los utilizarían en proyectos concretos.
Aunque la legislación del agua ha experimentado mejoras notables, persisten desafíos importantes en la aplicación práctica de algunas de estas modificaciones. Ejemplos como los desafíos en la cuenca del Aconcagua ilustran las dificultades al aplicar la priorización del consumo humano.
En conclusión, la evolución de la legislación de aguas en Chile refleja un compromiso con la gestión sostenible de este recurso vital. Sin embargo, es crucial abordar los desafíos emergentes y continuar perfeccionando la normativa para garantizar una distribución equitativa y eficiente del agua, salvaguardando así los intereses de la sociedad y el medio ambiente a largo plazo, junto con entregar mayor certidumbre sobre cómo se aplicará en la práctica la norma de priorización.
