El pasado 26 de abril, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva sobre diligencia debida, una medida legislativa que exige a las empresas y a sus socios tomar medidas para evitar, mitigar o reducir su impacto negativo en toda la cadena de suministro.
Explicado de un modo resumido, esto significa que las empresas europeas (de más de 1000 trabajadores) deberán emitir políticas y aplicar herramientas de debida diligencia para identificar posibles daños ambientales, sociales y de derechos humanos en toda su cadena de valor. Del mismo modo, las compañías deberán responsabilizarse de los daños causados por el incumplimiento de estas obligaciones y tendrán que indemnizar íntegramente a las personas y grupos que resulten afectados.
Esta Directiva es sólo un presagio de lo que, probablemente en pocos años, será una práctica expandida en todos los mercados globales. Los criterios que emanan de los “Principios rectores de DDHH y empresas” (ONU, 2014) ya están siendo incorporados en la legislación de muchos países y en las normas que las propias empresas globales se están autoimponiendo cada vez con mayor frecuencia. Incluso los inversionistas, cada vez con mayor celo, están exigiendo información detallada de estas prácticas por parte de las empresas que transan valores en la bolsa.
Es fundamental que la agricultura chilena tome nota de este movimiento de los mercados e inicie una profunda revisión de sus prácticas desde la perspectiva de sus impactos ambientales y sociales en toda su cadena de valor. Todo indica que, muy pronto, la colocación de productos agrícolas chilenos en el mundo estará condicionada a que nuestros exportadores hallan desarrollado políticas pertinentes, prácticas de debida diligencia y mecanismos de reparación de víctimas que aseguren una gestión responsable en toda su cadena de valor.
Los mayores riesgos de vulneración de DDHH y de cumplimiento de los principios de sostenibilidad en la actividad agrícola ya han sido identificadas con claridad y apuntan a aspectos tales como el uso responsable del agua (asegurando el acceso de los pequeños campesinos y comunidades cercanas) y del suelo, así como el respeto a las comunidades y el otorgamiento de condiciones de trabajo adecuadas. Este último punto, ha tomado una mayor relevancia con la rápida absorción de trabajadores migrantes, segmento particularmente expuesto a la precarización laboral (trabajo sin contrato, trabajo infantil, incumplimiento de normas laborales).
Sin negar la existencia de estos riesgos y la necesidad de gestionarlos, la perspectiva que nos parece apropiada es más bien la de las oportunidades: cómo transitamos a fortalecer las ventajas competitivas de nuestra agricultura en base a un cumplimiento ejemplar de los principios de sostenibilidad y de respeto por los derechos humanos en toda nuestra cadena de valor. Un verdadero “desafío país” que requerirá del concurso de muchos actores.
